Después de la caravana tumultuosa y fallida de Javier Milei por Lomas de Zamora, Sebastián Pareja, armador de LLA en la provincia, eligió un término desafortunado para mencionar a las personas que agredieron al Presidente: los llamó “discapacitados”.
“No terminó existiendo ningún herido de gravedad en la figura del Presidente o su hermana, que son los actores principales. Después, hubo un tercer cordón que tiene que ver con la cuestión local y tuvo que estar controlando a estos energúmenos, que son tipos discapacitados que están fuera de la lógica que podemos entender todos. Arrojar piedras a otras personas por el simple hecho de pensar distinto me parece que está fuera de lugar. Ahí falló ese control que no estaba a cargo de la seguridad de Milei ni de la Policía bonaerense”, sostuvo el dirigente de La Libertad Avanza (LLA) en TN.
La desafortunada comparación utilizada por Pareja llega en un delicado contexto para la gestión libertaria, que atraviesa el escándalo por el presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y por sospechas de irregularidades en las auditorías de las pensiones por invalidez.
Antes de que salieran a la luz los audios de Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS, sobre el cobro de coimas en el organismo, el sector de discapacidad ya reclamaba la falta de respuesta del Gobierno ante la crisis. Incluso Milei vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad, que proponía un aumento del presupuesto.
Y si bien el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que se estaba “considerando” un incremento para discapacidad, luego de que el veto al proyecto fue rechazado en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo frenó la decisión ante la posibilidad de que el Senado también voltee la medida presidencial.
Además, ante la crisis por el caso ANDIS, el exdiputado nacional del peronismo Alejandro Rodríguez indicó que entre marzo de 2024 y junio de 2025, Milei firmó decretos para incrementar el presupuesto de la ANDIS para adquirir productos medicinales y farmacéuticos por 2,25 billones de pesos, pero alertó que el organismo no tenía partidas destinadas a esas compras en el último Presupuesto que aprobó el Congreso.
«Ampliaban el presupuesto de esta agencia de discapacidad mientras les recortaban los subsidios o no entregaban el dinero. La hipótesis, que no está probada, es que habrían inflado partidas específicas. Esa es mi presunción. Y ahí está después el porcentaje que se lleva en las coimas denunciadas por Spagnuolo”, dijo Rodríguez.
Otro punto de tensión entre el sector de discapacitados y el Gobierno fue el operativo policial que reprimió a quienes protestaban en las inmediaciones del Congreso Nacional contra el veto presidencial. El reclamo apuntaba a la falta de pagos a prestadores, escuelas especiales y profesionales que garantizan derechos básicos como la educación y la salud de niños y adolescentes con discapacidades.