Lo dispuso la Justicia, en una orden que alcanza también a otros 24 exdirectivos de la cerealera y del Banco Nación. Se investiga un presunto fraude al estado por más de U$S 260 millones.
El juez federal Julián Ercolini citó a declaración indagatoria a 26 ex directivos de la cerealera Vicentin y del Banco de la Nación Argentina (BNA) en el marco de una causa por un presunto fraude que habría ocasionado un perjuicio al Estado de al menos 260 millones de dólares.
La medida, solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita tras cinco años de investigación, incluye la inhibición general de bienes y la prohibición de salir del país para todos los implicados.
Entre los citados se encuentran figuras de alto perfil del gobierno anterior, como el expresidente del BNA, Javier González Fraga, y su vicepresidente, Lucas Llach, así como directivos de Vicentin como Daniel Buyatti y Alberto Macuá.
Deberán presentarse ante el juzgado entre octubre y diciembre de este año
Qué se investiga en la Causa Vicentin
La investigación se centra en una serie de créditos otorgados a Vicentin entre agosto y diciembre de 2019. Según la fiscalía, las autoridades del banco actuaron en connivencia con los empresarios para defraudar al Estado.
A pesar de que la cerealera ya había superado el límite de riesgo crediticio permitido —su línea representaba más del 20% del patrimonio del banco— y había dejado de pagar sus deudas en agosto de 2019, los funcionarios del BNA no solo omitieron cobrarla, sino que desarticularon las garantías existentes y le otorgaron nuevos préstamos.
El fiscal Pollicita sostiene que se montó una “puesta en escena” para justificar la refinanciación
Mientras el banco simulaba intentar cobrar la deuda, le entregaba a Vicentin fondos que estaban congelados como garantía y le concedía nuevos créditos por más de 105 millones de dólares sin ningún reaseguro. La maniobra, según la acusación, permitió a Vicentin vaciar sus cuentas en el BNA para evitar el cobro de la deuda.
Parte de ese dinero, unos 16 millones de dólares, habría terminado en paraísos fiscales mediante operaciones simuladas y el uso de facturación apócrifa para justificar gastos inexistentes.
El juez Ercolini justificó las medidas cautelares por la “gran complejidad” del caso y el riesgo de que los imputados, con sus conocimientos técnicos y entramados societarios, pudieran desprenderse de sus bienes para eludir un eventual decomiso.
La empresa no es la única vez que fue beneficiad desde un «gobierno» Nacional
«Entre 1966 y 1983 [Vicentin] se hizo de tierras fiscales, puertos y fue beneficiada con la estatización tristemente célebre de la deuda privada en 1982. Como si fuera poco, la empresa ha sido denunciada por ex presos políticos y organizaciones de derechos humanos por facilitar la entrega, encarcelamiento y tortura de delegados y trabajadores durante el último gobierno de facto”, según el abogado Rafael Colombo.