Las presentaciones de la oposición suman una decena. Lo acusan de “mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones” por su participación en la estafa de $Libra y las coimas en Andis, entre muchos otros.
Ya se presentaron diez pedidos de remoción contra Javier Milei en la Cámara de Diputados y deberían ser tratados en la comisión de Juicio Político, que el martes quedó en manos de la diputada libertaria Lilia Lemoine que intentará frenar la avanzada contra Presidente. En los últimos días llovieron las acusaciones por “mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones” por su participación en la estafa de $Libra; las coimas en Andis y el escándalo de Manuel Adorni, entre muchos otros. La tarea no será complicada para la libertaria porque el oficialismo logró que esté acompañada de diputados leales.
Los temas para remover a Milei son variados: el incumplimiento de las leyes de Financiamiento Universitario, de Emergencia en Discapacidad y Pediátrica; el alineamiento con Israel y Estados Unidos en la guerra con Irak, además de los escándalos más grandes como $Libra y Andis.
Entre los legisladores que presentaron quejas formales están Juan Marino, Agustina Propato, Aldo Leiva, Germán Martínez, todos de Unión por la Patria. También Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba, y Esteban Paulón de Provincias Unidas. La izquierda hizo lo propio a través de Vanina Biassi, Néstor Pitrola y Romina del Plá.
La estafa de $Libra
El Escándalo de la criptomoneda es uno de los frentes más críticos. Se investiga la promoción por parte del presidente de un proyecto cripto que resultó en pérdidas millonarias, lo que derivó en la creación de una Comisión Investigadora en el Congreso, que recientemente pidió la citación de Javier Milei y su hermana.
El mismo día en que se realizó la reunión constitutiva de Juicio Político, el diputado Juan Marino, cercano al gobernador bonaerense Axel Kicillof, hizo una ampliación de un proyecto presentado para incorporar nuevos elementos de prueba. Su iniciativa tiene como eje central “el acto mediante el cual malversó la investidura presidencial para presentar como un instrumento de inversión lo que técnicamente era similar a una memecoin diseñada para llevar adelante una maniobra fraudulenta conocida como rug pull (tirón de alfombra)”.
La Izquierda también presentó otra ampliación a un pedido de remoción anterior. El texto, firmado por Néstor Pitrola y Romina Del Plá, describe “hechos gravísimos” que colocan al gobierno “como un agente directo de estafas, saqueos, represión y persecución contra el pueblo argentino, incluso violando los límites formales del régimen político actual”. El proyecto del Partido Obrero, detalla además otras causantes como el incumplimiento de las leyes sancionadas por el Congreso y otros escándalos libertarios. También presenta como causal de juicio político, el DNU 70/23, que derogó más de 300 leyes.
Se suman los pedidos de la exdiputada Vanina Biassi -realizado durante su mandato- junto con Mónica Schlotthauer e Hilda Aguirre (UP)
La causa Malvinas
Otro de los pedidos que se sumaron desde Unión por la Patria es el de Agustina Propato. La diputada rescata las palabras que pronunció el presidente en el homenaje a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas del 2 de abril de 2025, donde Milei sostuvo: “…Y si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies. Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros…”.
Para la diputad peronista, los dichos de Milei configuran la causal de mal desempeño en sus funciones, en los términos del artículo 53 de la Constitución Nacional y, a la vez, atenta contra la soberanía e integridad territorial, violando de forma flagrante y ofensiva la Cláusula Transitoria Primera.
Otro proyecto, con similares argumentos es el del excombatiente y diputado de UxP, Aldo Leiva, que firmó junto a otros legisladores peronistas. El texto presentado en 2025 expresa que las declaraciones sobre los habitantes de las Islas lo hacen incurrir en “mal desempeño de sus funciones” por sugerir el principio de autodeterminación como solución al conflicto. En este sentido recuerda que en la Cuestión Malvinas la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió la no aplicabilidad de este principio debido a que los habitantes de las Islas son una población implantada. Por lo que “resulta injustificable” esa expresión por parte de un primer mandatario argentino.
Alineamiento ciego
Otro pedido de juicio político presentado por el diputado Marino amplía los cuestionamientos a la política exterior y de defensa del Gobierno. La iniciativa apunta contra el respaldo institucional que hace el Ejecutivo de las acciones militares de Estados Unidos e Israel. Además, cuestiona las declaraciones públicas del Presidente, y de funcionarios que posicionaron a la Argentina como parte beligerante en un conflicto armado. El texto critica también la firma de acuerdos y compromisos militares sin autorización del Congreso, y la posición en los foros internacionales. Específicamente, apunta al voto en contra de una resolución de la ONU que condenaba la esclavitud como crimen de lesa humanidad.
Otro punto que detalla el texto, firmado también por otros diputados de la bancada celeste, es la decisión del oficialismo de avanzar en la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia, desplazando la autoridad de la provincia de Tierra del Fuego para habilitar el aterrizaje de un avión Boeing 737 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
Andis y Discapacidad
A su vez, el diputado de UxP, Pablo Todero presentó un pedido de juicio político contra Milei y Mario Lugones por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Este proyecto se suma a otro similar que ya presentado por Roxana Monzón(UxP) donde se exponen las denuncias y audios que revelaron supuestos pedidos de coimas dentro de esa cartera y de la Andis.
La diputada bonaerense menciona que el sistema de prestaciones está “detonado”, dejando a los beneficiarios sin atención ni medicamentos adecuados. El texto también hace referencia al conflicto en el Hospital Garrahan debido al ajuste libertario.
Todero, por su parte, apunta al desfinanciamiento y la desatención del sistema de discapacidad, y acusa al Poder Ejecutivo de incumplir leyes nacionales, tratados internacionales y sentencias judiciales. Entre los hechos enumerados se incluyen la suspensión de pensiones no contributivas, la falta de pago a prestadores, la interrupción de tratamientos y el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, además de decretos y resoluciones cuestionadas judicialmente.
Lo cierto es que pese a estas nuevas ampliaciones el funcionamiento de la Comisión de Juicio Político, depende del oficialismo. La oposición dejó claro, en la última reunión constitutiva, que no tiene demasiadas expectativas sobre el movimiento que puedan tener los proyectos. La bancada violeta, con sus 17 de los 31 integrantes, buscará blindar a Milei. Karina Milei y el presidente de la Cámara, Martín Menem, hicieron un trabajo fino al elegir a los más leales de los suyos para no tener sorpresas en esos lugares clave.
Sin embargo, hay algo que pueden hacer los opositores: juntar voluntades para, en el recinto, emplazar la Comisión. Una estrategia que se adoptó desde el año pasado para impulsar el tratamiento de temas sensibles para el Gobierno. De esta forma, se podría romper con la estrategia histórica que se mantiene sobre Juicio Político: jamás convocar a reunión y dejar correr el tiempo hasta que caigan los proyectos. Un plan que será difícil de contrarrestar.