El Congreso Nacional del PJ resolvió sostener las intervenciones partidarias en Salta y Jujuy y delegó facultades para apelar las decisiones judiciales que alteraron ambos procesos. En Salta, la estrategia judicial quedará en manos de Pablo Kosiner y Norma Cannuni; en Jujuy, será Máximo Rodríguez.
El Congreso Nacional del Partido Justicialista resolvió este martes sostener las intervenciones partidarias en Salta y Jujuy y avanzar con apelaciones ante la Cámara Nacional Electoral contra las resoluciones judiciales que modificaron la situación de ambos distritos. La decisión obtuvo un respaldo cercano al 80% y delegó facultades específicas para la estrategia judicial: en Salta estarán a cargo Pablo Kosiner y Norma Cannuni, mientras que en Jujuy la representación recaerá sobre Máximo Rodríguez.
De esta manera, la pelea por el control del peronismo del norte argentino sumó un nuevo capítulo. En una sesión atravesada por cuestionamientos a las recientes decisiones judiciales que impactaron sobre las estructuras partidarias de Salta y Jujuy, el Congreso Nacional del Partido Justicialista resolvió sostener las intervenciones en ambos distritos y avanzar con apelaciones ante la Cámara Nacional Electoral.
La votación no se realizó mediante un conteo nominal sino por porcentajes y, según se informó, la decisión obtuvo un respaldo cercano al 80% de los votos, frente a un 20% de rechazo.
La discusión dentro del Congreso también estuvo atravesada por planteos sobre la necesidad de avanzar en procesos de normalización partidaria. Entre quienes reclamaron acelerar esos mecanismos estuvo el gobernador riojano Ricardo Quintela, que volvió a insistir con la convocatoria a elecciones y reclamó una normalización de los distritos del norte.
La definición del Congreso llegó apenas días después de que la jueza federal con competencia electoral María Servini dispusiera la intervención judicial del PJ salteño y nombrara como interventor a José Luis Napoleón Gambetta. El fallo cayó sobre un escenario ya cargado de tensiones internas porque interrumpió el esquema de normalización que venía impulsando el PJ nacional.
Hasta ese momento, la conducción partidaria había dispuesto extender la intervención política por otros 180 días y avanzar hacia elecciones internas previstas para el 25 de octubre. La intención era que la militancia volviera a participar de una elección partidaria luego de décadas sin competencia interna efectiva. Pero la resolución judicial modificó el escenario antes de que el Congreso pudiera ratificarlo formalmente.
En el caso de Jujuy, la acción judicial se dio un mes antes. El 9 de abril, el juez federal Esteban Eduardo Hansen dispuso la intervención judicial del PJ jujeño por 180 días, desplazó a los interventores designados por la conducción nacional, Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, y nombró al dirigente salteño Ricardo Villada, del riñón del gobernador Gustavo Sáenz, como interventor judicial para avanzar en la normalización partidaria.
Manifestación frente a la sede del PJ
Mientras el Congreso sesionaba, en Salta la respuesta política comenzó a expresarse en la calle, ya que militantes y dirigentes se concentraron frente a la sede partidaria para rechazar lo que definieron como una intromisión judicial en la vida interna del partido y denunciar una maniobra destinada a disciplinar al peronismo.
La convocatoria estuvo acompañada por un documento difundido bajo el título “El PJ no se entrega: el peronismo resiste la embestida judicial”. Allí se sostuvo que la intervención no responde únicamente a una discusión administrativa o partidaria sino a una estrategia política más amplia.
“El Partido Justicialista es un partido soberano, construido por la voluntad popular, la militancia y la historia de lucha del pueblo argentino. Ningún juez puede avanzar sobre la conducción y organización de una fuerza política que representa los intereses nacionales y populares”, señalaron los manifestantes.
También cuestionaron especialmente la designación de Gambetta: resulta “inadmisible que pretendan intervenir judicialmente el PJ colocando, irónicamente, a un ex presidente de la UCR”, aseguraron.
Y añadieron que la acción judicial sólo evidencia que “van por el PJ nacional, van por Cristina, porque saben que el peronismo sigue siendo la principal fuerza de oposición a un modelo de entrega, exclusión y destrucción del Estado”. “Quieren un Partido Justicialista arrodillado y silenciado”, insistieron.
La declaración concluyó con una frase que terminó funcionando como síntesis política de la jornada: “El peronismo no se proscribe, no se interviene y no se entrega”.
“Había alegría”
Uno de los dirigentes que participó de la convocatoria fue Rodrigo Escribas, quien sostuvo que el conflicto excede una discusión meramente judicial. “Entendemos que es una avanzada de un sector que representan algunos gobernadores afines al gobierno de Milei, que quieren utilizar el Partido Justicialista como una herramienta política para arrodillarse y ser afines al Gobierno nacional”, afirmó ante un portal de noticias.
Según señaló, durante los últimos días comenzaron reuniones con dirigentes territoriales, gremios y militancia de base para intentar construir una respuesta política. “Hay un espíritu de organizarnos, de unirnos entre todos y todas para poder defender el Partido Justicialista”, indicó.
Además puso el foco sobre la posibilidad de volver a elecciones internas. Dijo que se había fijado una fecha —el 25 de octubre—, lo que dio lugar a “mucha predisposición y mucha alegría en la militancia porque después de mucho tiempo iban a poder participar de la vida interna del partido y tomar decisiones”. Pero que quedó trunca con lo dispuesto por Servini.
“No se entiende la decisión de una jueza que entre bambalinas y entre gallos y medianoche, unos días antes de que sesione el Congreso Nacional del PJ, tomó una determinación que no corresponde”, sostuvo.
Una discusión que excede a Salta
La resolución de la jueza Servini generó fuertes cuestionamientos desde el sector desplazado. Kosiner calificó el fallo como “una vergüenza” y sostuvo que se estaba produciendo una interferencia inédita en la vida interna de los partidos políticos.
El trasfondo de la discusión parece ir más allá de una pelea administrativa o judicial.
La disputa de fondo es sobre quién conducirá al peronismo en los próximos años y bajo qué identidad política se reorganizará una fuerza que volvió a entrar en discusión en distintos puntos del país.