La Provincia analiza ir a la Justicia si Milei modifica la legislación energética. Gastón Ghioni alerta sobre el impacto del paquete que llegan con la ley que discute el Congreso. El adiós al Régimen de Zonas Frías y la posibilidad de perder fondos para obras que expanden el sistema eléctrico y de gas.
“Creemos que la ley es inconstitucional y que viola la autonomía provincial”, sostiene Gastón Ghioni, el subsecretario de Energía bonaerense que esgrime la posición de la gestión de Axel Kicillof respecto al paquete de modificaciones a la legislación energética que está tratando el Congreso por impulso de Javier Milei. El ajuste tiene al Régimen de Zonas Frías como punto principal, pero también contempla recursos para obras de expansión del sistema y toca el fondo compensador tarifario que sostiene a muchas cooperativas del interior provincial.
Ghioni advierte que la Provincia podría presentarse nuevamente en la Justicia para contrarrestar el avasallamiento del gobierno nacional sobre la autonomía que tienen la provincias en materia tarifaria tras las privatizaciones de la década de los años noventa.
Al respecto, ya cosechó fallos a favor en, por ejemplo, la posibilidad de incorporar conceptos ajenos al servicio dentro de la factura, una herramienta que el gobierno nacional quiere eliminar en su proyecto de ley. El acompañamiento de la Justicia le permitió seguir cobrando el impuesto a la electricidad y al gas, lo que nutre uno de los principales canales de financiamiento para ejecutar obras públicas que amplían los sistemas en toda la provincia.
Para el responsable del área energética, la norma que se discute en el Congreso es una continuidad con el proceso que inició con la Ley Bases. “Es el perfil que avanza en una profunda desregulación del sector energético para eliminar la intervención estatal, avanza en la privatización del sector energético, elimina la prioridad del abastecimiento interno y con una orientación a obtener la mayor renta hidrocarburífera”, resume.
De obtener una sanción definitiva, la ley gestada por Milei recorta el Régimen de Zonas Frías y lo retrotrae a los años previos al 2021. Eso dejaría a 94 municipios bonaerenses afuera de los beneficios actuales. La nueva norma pone un top del subsidio en un 50 por ciento, es decir que no alcanzaría al valor total de la factura y, además, únicamente podrían accederían a él un pequeño sector económico de bajos ingresos. Este es el único caso donde la provincia no puede avanzar judicialmente, pero sí en el resto de las modificaciones que plantea Milei.
Entre ellas, la eliminación del Fondo Compensador Tarifario. Esta herramienta, explica Ghioni, se nutre en un 92 por ciento de un pequeño monto que pagan las grandes distribuidoras y las cooperativas mayores a los 5 mil usuarios. Al momento de repartirlo, el 83 por ciento del fondo termina en manos de las cooperativas con menos de 5 mil usuarios. ¿Por qué? Porque el objetivo del fondo es lograr homogeneizar las facturas dentro de la misma área de concesión y evitar disparidades abruptas por el mero hecho de que un pueblo esté 30 kilómetros más lejos que otro.
La historia no termina allí. “Hay cooperativas cuyo ingreso es mayor por el fondo compensador que por la tarifa, porque la tarifa tendría que ser cinco veces más alta en los lugares donde prestan servicio”, subraya Ghioni. Es un sistema regido por leyes provinciales.
Los cambios libertarios incluyen la imposibilidad de cobrar conceptos ajenos al servicio y, tampoco, la chance que tienen los municipios de cobrar el alumbrado público junto con la boleta de luz. Ante todo es paquete, la Provincia presentaría acciones judiciales si se convierte en ley.
El espíritu de estas medidas, como la de tener un impuesto para fomentar obras que amplíen la red eléctrica y de gas, o un subsidio para quienes consumen el doble de gas para calefaccionarse que quienes viven en zonas más cálidas, exponen la voluntad de La Libertad Avanza de continuar un golpe sistemático al bolsillo. Cabe recordar que las tarifas, desde diciembre de 2023, aumentaron por encima del 500 por ciento.
Menos subsidios, menos obras y tarifas más caras
En caso de que la nueva normativa tenga el aval de ambas cámaras nacionales, 94 municipios bonaerenses perderán el acceso pleno al Régimen de Zonas Frías. Se trata de un descuento que puede ser del 30 al 50 por ciento sobre el total de la tarifa de gas para evitar que prender la estufa no se coma la mitad de los ingresos de un hogar. Según la ley libertaria sólo podrán acceder quienes integren un grupo económico acotado y el subsidio ya no será sobre el total de la factura y sólo impactará en el precio del gas, dejando de lado el costo del transporte y la distribución.
En segundo orden, la eliminación de la posibilidad de cobrar el impuesto a la electricidad y el del gas, acaba con un motor de financiamiento para obras de gran escala que, en el último tiempo, permitieron ampliar las redes de transporte y distribución de ambos servicios. En el caso del gas, BAGSA llevó el suministro a más de 20 pequeños pueblos de la provincia. Y, en lo que respecta a la electricidad, se llevaron a cabo obras de media y alta tensión.
“Nosotros tenemos un plan y lo que está ene ejecución seguirá, pero si se sanciona la ley no se podrá seguir expandiendo”, indica Ghioni. En los últimos días, cuenta, se licitaron tres grandes obras de electricidad. Una línea de alta tensión en San Pedro por 28 mil millones de pesos, obras para una cooperativa de Mar de Cobo y, en Villa Gesell, la construcción de una subestación. “Todo con fondos provinciales”, remarca y alerta que, a futuro, este camino de desarrollo de infraestructura quedaría trunco.
Y un último golpe podría llegar a los municipios. Si la norma entra en vigencia tal cual está escrita, los municipios podrían perder la chance de cobrar el alumbrado público en la factura de luz. Es un debate constante desde que asumió Milei. Con Luis Caputo y Federico Sturzenegger, LLA quiere romper la autonomía provincial para definir sus tarifas y regular sus servicios.
También fueron los principales alfiles en la batalla contra la tasa de alumbrado público, una norma provincial que data de 1989 mediante la que las intendencias pueden mantener una recaudación estable y proporcionalmente alta por un suministro que si llegara en una boleta aparte tendría una tasa de pago muy baja.