Sáenz redobla la presión por el gas y suma a empresarios en un intento de ofensiva contra Nación. Mientras las industrias salteñas denuncian restricciones en el suministro de gas que ponen en riesgo la producción, el empleo y las inversiones, el gobernador de Salta encabezó una nueva avanzada política para exigir soluciones al Gobierno nacional.
La disputa por el gas volvió a ocupar un lugar central en la agenda política y económica de Salta. En medio de un escenario de restricciones al suministro que golpea a industrias, empresas mineras y sectores productivos estratégicos, el gobernador Gustavo Sáenz decidió elevar el tono de los reclamos y acompañó formalmente una presentación realizada por cámaras empresariales ante el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.
El documento, firmado por representantes de los principales sectores económicos de la provincia y respaldado por el Ejecutivo provincial, advirtió que las limitaciones en el acceso al gas industrial ya generan consecuencias concretas sobre la actividad económica. La preocupación no se limita a la producción, ya que se sostuvo que también alcanza al empleo, las inversiones y la competitividad de una gestión provincial que viene apostando buena parte de su crecimiento al desarrollo minero, agroindustrial y exportador.
La nota lleva además las firmas del ministro de Producción y Minería de Salta, Ignacio Lupión, y de los representantes de la Sociedad Rural Salteña, Prograno, la Unión Industrial de Salta, la Cámara de Minería, la Cámara de Comercio Exterior, la Cámara de Comercio e Industria y la Cámara de Proveedores Mineros. La amplitud de los respaldos intenta reflejar que el problema excede a un sector particular y atraviesa a buena parte de la economía provincial.
Desde el gobierno salteño manifestaron que la situación afecta la planificación productiva y genera incertidumbre sobre la continuidad de procesos industriales que dependen del gas como insumo esencial. En ese sentido, el reclamo apunta especialmente a garantizar mayores volúmenes provenientes de Vaca Muerta y a incorporar una mirada federal sobre la distribución energética.
El impacto sobre la economía real
Pedro Pittaluga, director ejecutivo de la Unión Industrial de Salta e integrante de la mesa empresarial y productiva, explicó que la presentación busca alertar sobre las consecuencias que ya están generando las restricciones. Según señaló ante un portal de noticias, las interrupciones y dificultades en el suministro afectan directamente la continuidad operativa de las plantas industriales y ponen en riesgo cadenas productivas enteras.
Pero además advirtió que el problema no se limita a las empresas, sino que “afecta a trabajadores, proveedores, transportistas, servicios y comercios”. “Hay comunidades enteras cuya dinámica económica depende de estas actividades”, resumió.
Desde la gestión provincial afirmaron que la preocupación empresarial aparece en un momento particularmente sensible en la provincia, cuando la minería del litio, la agroindustria, la producción de alimentos y distintas ramas manufactureras requieren un abastecimiento energético estable para sostener los niveles de actividad y cumplir compromisos comerciales.
Por eso, las entidades reclamaron una intervención urgente del Gobierno nacional para asegurar previsibilidad y evitar que las restricciones terminen trasladándose a suspensiones de personal, reducción de producción o postergación de inversiones.
Un reclamo que Sáenz viene construyendo
La presentación ante Caputo no constituye un hecho aislado, pues en las últimas semanas Gustavo Sáenz convirtió la cuestión energética en uno de los ejes de su discurso político.
Hace apenas unos días, durante una visita a Buenos Aires, difundió un video en sus redes sociales en el que volvió a cuestionar las diferencias entre el norte y el centro del país en materia de acceso al gas. Frente a un local gastronómico que promocionaba calefacción a gas natural, el mandatario utilizó la escena para exponer lo que considera una muestra de las desigualdades estructurales que siguen vigentes. “Porque claramente a ellos no les cuesta lo que nos cuesta en el norte argentino el gas”, afirmó entonces.
El gobernador insistió en que no pueden naturalizarse esas asimetrías y volvió a plantear que el federalismo no puede quedar reducido a una consigna discursiva. Según su diagnóstico, el norte continúa soportando mayores costos energéticos, de transporte y logística, lo que reduce las posibilidades de competir en igualdad de condiciones con otras regiones del país.
El reclamo se inscribe en una línea política que Sáenz viene sosteniendo desde hace años: la defensa de una agenda regional que cuestiona la histórica concentración de recursos e infraestructura en el área metropolitana y reclama inversiones estratégicas para el desarrollo del NOA.
La pelea llegó al Senado
La discusión también se trasladó al Congreso Nacional. A mediados de mayo, el bloque Convicción Federal presentó una fuerte crítica al gobierno de Javier Milei por la paralización de la obra conocida como Reversal Norte del Gasoducto, considerada clave para garantizar el abastecimiento energético de las provincias del NOA.
La presidenta de la bancada y aliada de Sáenz, la senadora jujeña Carolina Moisés, responsabilizó al Ejecutivo nacional por la crisis y advirtió que la decisión de frenar la obra podría derivar en un escenario particularmente perjudicial para el norte argentino.
Según denunciaron los legisladores, las provincias de la región podrían terminar pagando gas importado hasta nueve veces más caro que otras zonas del país durante el invierno.
La iniciativa recibió el acompañamiento de senadores de distintos espacios políticos, entre ellos la salteña Flavia Royón, una de las dirigentes más cercanas a Gustavo Sáenz en el escenario nacional.
Los proyectos impulsados en la Cámara alta sostienen que la resolución nacional que dispuso recortes en el suministro para industrias del NOA constituye apenas una respuesta transitoria y no resuelve el problema estructural. Para los legisladores, la verdadera solución pasa por concluir las obras de infraestructura energética que permitan revertir las desigualdades históricas de la región.
“Ninguna provincia vale más que otra y ningún argentino debe pagar más caro el gas por el lugar donde vive”, sostuvo Moisés durante el debate parlamentario.
La coincidencia entre el reclamo empresarial, la ofensiva política del gobierno salteño y las iniciativas parlamentarias revela la consolidación de un frente común alrededor de una preocupación que busca trascender de la región.