Kicillof vuelve a la carga por el Laboratorio público de medicamentos y aspira a integrar el sistema de salud. Además, giró el proyecto para regular el trabajo de los deliverys y otros empleos de aplicaciones.
El gobernador Axel Kicillof giró los primeros tres proyectos del año a la Legislatura bonaerense. Lo hizo hacia el Senado, donde ingresó tres proyectos que había anunciado en la apertura de sesiones: uno tiene que ver con los trabajadores de plataformas digitales y otros dos relacionadas con el universo de la salud.
Uno de ellos es el que busca crear un laboratorio de medicamentos provincial, que perdió estado parlamentario a fin de año. El otro impulsa un Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA).
Plan integral para trabajadores de plataformas
Cuando anunció que enviaría una ley destinada a los trabajadores de aplicaciones, Kicillof advirtió que la idea era propiciar “la creación de una plan integral y registro de trabajadores para regular el acceso a la seguridad, a la atención en la emergencia, a servicios e información, a la capacitación y mejora de las condiciones de trabajo».
Según expuso entonces, la Provincia busca “acompañar a los y las trabajadores que realizan sus tareas mediante plataformas, para lograr el objetivo del trabajo decente en estas formas de trabajo, las cuales utilizan para su organización las nuevas tecnologías”.
Uno de los puntos implica facilitar el acceso de estos trabajadores a los servicios públicos de emergencia en forma de un “botón de pánico” y de un “aviso rápido de seguridad” para que puedan dar aviso a las fuerzas de seguridad, cuando consideren estar frente a una situación que ponga en riesgo su vida; como también, un “botón de emergencia en salud” para el caso en que los trabajadores comprendidos en el presente sufran una indisposición que les impida continuar la tarea, sean parte o presencian un accidente en vía pública.
Asimismo, promueve realizar el “relevamiento integral de los establecimientos que proveen, venden o distribuyen productos o servicios, como aquellos administrados por las empresas de plataforma y otros espacios y vehículos en los que los trabajadores desempeñan sus tareas como los centros de comercio desde donde parten a hacer el delivery.
“Esta iniciativa no implicaría crear nuevos accesos y recursos, sino facilitar y mejorar su acceso a través del uso de herramientas a las que los trabajadores comprendidos en el presente están familiarizados y podrían asegurar su uso y brindar mayor celeridad en las respuestas”, argumentó el gobernador.
En cuanto a los que trabajan con motos y bicicletas, el texto señala que están expuestos “a un riesgo de siniestralidad vial significativamente elevado”, por lo que Kiicllof marcó “la necesidad de establecer un mecanismo de protección social y económica que garantice la atención inmediata y la cobertura ante las consecuencias de un infortunio” y exige a las empresas contratistas que “asuman la responsabilidad, seguridad y la integridad física de quienes prestan el servicio”.
En este sentido, se propone la obligación para las plataformas de contratar a su exclusivo costo, un seguro de accidentes personales a su cargo, que cubra los riesgos de muerte, invalidez y los gastos en asistencia médica y farmacéutica derivados de accidentes ocurridos en ocasión de la prestación de tareas. Además, encomienda la gestión al Banco Provincia, a través de su aseguradora, para que desarrolle un producto específico de seguro de accidentes personales para el sector.
Laboratorio público bonaerense, segundo round
En la tanda de proyectos que giró el Poder Ejecutivo, se incluyó nuevamente el texto que se discutió sin éxitos durante los últimos dos años, que busca la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense S.A con participación estatal mayoritaria (Sapem), bajo la órbita del Ministerio de Salud.
La propuesta había tenido su avance en la Cámara de Diputados previa modificación e inserción de algunos artículos en coordinación con sectores de la oposición, pero quedó sin movimientos en el Senado. A fin de año, perdió estado parlamentario.
Según expresa la norma propuesta, el Centro tendrá como fin “la investigación, el desarrollo, la producción, el fraccionamiento, la transformación, la terminación, la importación y/o la exportación, la compra, la venta, la distribución y lo la enajenación a cualquier título por mayor y/o menor de todo tipo de medicamentos, vacunas, insumos, productos médicos, equipamientos asociados a su objeto, ingredientes farmacéuticos activos, estándares primarios y secundarios para control de calidad de la producción, insumos médicos odontológicos, productos sanitarios, cosméticos y cualquier otro insumo necesario para la salud”.
A la vez, podrá realizar análisis ambientales para la determinación de riesgos sanitarios en agua, aire, suelo u otros; tener funciones de control de calidad fisicoquímico y microbiológico de alimentos y agua, como así también la explotación de patentes de invención, licencias, fórmulas de fármacos.
“El desarrollo y la adopción de una política de producción pública de medicamentos forma parte esencial de las políticas sanitarias, a la vez que el acceso equitativo a los medicamentos es fundamental para la implementación efectiva de acciones capaces de promover una mejora en las condiciones de atención a la salud de la población”, argumentó el gobernador.
En esa línea, expuso que la producción pública de medicamentos “posee varios propósitos, entre los que se pueden mencionar, por un lado, ser una alternativa efectiva para asegurar el acceso a tratamientos asequibles y de calidad”; al tiempo que “actúa como mecanismo para garantizar los derechos plasmados en la Constitución Provincial, que reconoce al medicamento como un bien social” y podría “fomentar tanto la soberanía estatal en materia de salud, producción e innovación, como la generación de empleo en la Provincia”.
Kicillof, por el objetivo del sistema integrado de salud
El tercer proyecto tiene que ver con la creación del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (Sipba), cuyo objetivo es “integrar todos los subsectores”, es decir público, privado y las entidades que brindan cobertura de salud, para “promover la coordinación entre ellos y la elaboración de políticas públicas que en conjunto los incluya”.
Según el texto, es con el fin de “garantizar un acceso universal a los servicios de salud del territorio, con criterios de equidad, integralidad y calidad, a través de acciones que contemplen la soberanía sanitaria y la democratización del sistema de salud con justicia social”.
“La experiencia histórica de organización del sistema de salud bonaerense evidencia una configuración fragmentada de financiamiento, gestión y atención, resultado de superposiciones de políticas y dispositivos no siempre integrados, con heterogeneidades territoriales que impactan en la continuidad de los cuidados, la eficiencia del gasto y la calidad de la atención, generando inequidades evitables”, señaló el gobernador.
En ese orden, dijo que dicha fragmentación “se expresa tanto en la dispersión de la oferta asistencial como en la ausencia de mecanismos suficientemente sistemáticos de articulación entre niveles y jurisdicciones, con especial afectación en la capacidad del sistema para resolver problemas prevalentes y demandas de atención continua”.
En cuanto al financiamiento, el proyecto prevé vincular el financiamiento de la Red Bonaerense con el Fondo Provincial de Salud, integrando recursos del Tesoro, recupero de costos y convenios con actores de cobertura. “Esto sería orientando la programación y ejecución presupuestaria al cumplimiento de los objetivos sanitarios y a la eficiencia en el uso de los recursos”, señaló el gobernador.