Sturzenegger defendió la desregulación pese a que le mostraron con datos que no fue positiva. La reunión duró cerca de dos horas y tenía un objetivo concreto: evaluar los efectos que produjo el DNU 70/2023 sobre la cadena yerbatera.
Del otro lado de la mesa estaba el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Del lado de la producción, el director del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) por el sector primario, Roberto Ferreira, llegó con un documento de 26 páginas elaborado especialmente para demostrar, con estadísticas oficiales y argumentos económicos, que la desregulación no fortaleció al mercado sino que profundizó la crisis de toda la actividad.
Sin embargo, la conclusión política del encuentro fue exactamente la contraria a la que esperaban los representantes de la producción. Según reveló el ministro del Agro de Misiones, Facundo López Sartori, Sturzenegger no dejó margen para interpretaciones.
«Después de dos horas de reunión, el ministro Federico Sturzenegger fue categórico: no habrá cambios. Escuchar cómo se defiende con orgullo una desregulación que está destruyendo la economía yerbatera indigna. Detrás de cada decisión hay miles de productores, cooperativas y trabajadores rurales que hoy no llegan a cubrir sus costos. No están modernizando la economía: están dejando morir una de las economías regionales más importantes del país», afirmó el funcionario misionero.
La postura del Gobierno nacional sorprendió porque el documento presentado por Ferreira no se limitó a expresar posiciones políticas. Por el contrario, construye un diagnóstico apoyado en indicadores oficiales del propio INYM y plantea una comparación entre los objetivos que perseguía la desregulación y los resultados obtenidos luego de más de dos años de vigencia del DNU 70/2023.
Uno de los datos más contundentes expuestos durante la reunión muestra el desplome de la producción. Entre enero y abril de 2024 ingresaron a los secaderos 268,3 millones de kilos de hoja verde. En igual período de 2026 ese volumen cayó a 151,9 millones de kilos, una disminución superior al 40 por ciento. Para Ferreira, lejos de incentivar la producción como prometía la desregulación, el nuevo esquema terminó provocando una fuerte retracción de la actividad.
El informe también sostiene que el precio que hoy perciben los productores ronda los 200 pesos por kilogramo de hoja verde, un valor que, según afirma, se ubica por debajo de los costos de producción y pone en riesgo la continuidad económica de miles de explotaciones familiares.
Pero el documento va más allá del precio pagado al productor. Ferreira intenta desmontar uno de los principales argumentos utilizados por el Gobierno nacional para justificar la eliminación de las facultades regulatorias del INYM: que un mercado libre generaría precios más bajos para los consumidores.
Los números, sostiene, muestran exactamente lo contrario. Durante el mismo período también cayó el consumo interno de yerba mate, que alcanzó los niveles más bajos de los últimos años. Es decir, se produjo una combinación inédita: disminuyó el precio que recibe el productor, cayó la cosecha y además se retrajo el consumo. Sin embargo, esa pérdida sufrida por el primer eslabón de la cadena no se tradujo en una reducción equivalente del precio en las góndolas.
Esa es, precisamente, la principal conclusión económica del trabajo. Según Ferreira, la renta que dejó de percibir el productor no desapareció del sistema, sino que fue absorbida por los sectores con mayor poder económico dentro de la cadena yerbatera.
Para explicar ese fenómeno, el informe describe una estructura de mercado altamente concentrada. Mientras unos 12.500 productores venden hoja verde con escaso poder de negociación, un número reducido de secaderos y molinos concentra la demanda, industrializa la materia prima, comercializa la yerba elaborada y participa también en la determinación del precio final al consumidor. Esa integración vertical, sostiene el documento, permite que los mismos actores influyan simultáneamente sobre el precio que pagan por la materia prima y sobre el precio que cobran en las góndolas.
Ferreira resume esa situación en un cuadro comparativo que confronta las promesas del DNU con los resultados observados. Donde se prometía mayor competencia, afirma que hubo mayor concentración. Donde se esperaba una libre formación de precios, sostiene que terminaron imponiendo condiciones los principales compradores. Donde se anunciaba un beneficio para productores y consumidores, asegura que ambos terminaron perjudicados: los primeros por la caída del precio y los segundos porque la rebaja nunca llegó a las góndolas.
El trabajo también sostiene que la eliminación de las facultades regulatorias del INYM debilitó la capacidad técnica y de fiscalización del organismo, reduciendo herramientas que durante más de dos décadas funcionaron como contrapeso frente al poder económico de los sectores más concentrados de la actividad.
Pese a todo ese planteo, la respuesta del ministro Sturzenegger fue mantener sin modificaciones el modelo impulsado por el Gobierno nacional. La decisión profundiza el conflicto con Misiones, donde productores, cooperativas, gobiernos municipales y el Ejecutivo provincial vienen reclamando desde hace meses la restitución de las facultades regulatorias del INYM o la implementación de mecanismos que permitan garantizar precios mínimos para la materia prima.
La reunión terminó sin acuerdos y con una definición política contundente: para la Nación, la desregulación continuará sin cambios. Para la producción yerbatera, en cambio, los propios indicadores oficiales demuestran que el experimento ya produjo una caída de la producción, del consumo y de la rentabilidad de toda la cadena, sin ofrecer ninguno de los beneficios que habían sido prometidos cuando se eliminó la regulación del mercado.