Las sanciones de Estados Unidos contra juezas de la Corte Penal Internacional reabrieron un debate sobre los límites de la justicia universal. El caso de la magistrada ugandesa Solomy Balungi Bossa revela cómo las relaciones de poder, la infraestructura financiera y la dependencia tecnológica pueden convertirse en mecanismos de presión sobre quienes deben investigar los crímenes más graves.
El andamiaje de los derechos humanos y del multilateralismo suele presentarse como un espacio regido por normas universales, donde el derecho prevalece sobre la fuerza. Sin embargo, cuando las decisiones judiciales afectan los intereses de las grandes potencias o de sus aliados estratégicos, esa aparente neutralidad comienza a resquebrajarse y deja al descubierto las relaciones de poder que sostienen el orden internacional. En este momento, el sistema universal empieza a parecerse al traje nuevo del emperador de Hans Christian Andersen.
La crisis que atraviesa hoy la Corte Penal Internacional constituye uno de los ejemplos más elocuentes de esa tensión. La administración de Donald Trump reactivó hace algunas semanas las sanciones contra integrantes del tribunal después de que la Corte avanzara tanto en las investigaciones por presuntos crímenes de guerra cometidos por militares estadounidenses y agentes de la CIA en Afganistán como en las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por la ofensiva sobre Gaza. Las medidas, impulsadas por el secretario de Estado Marco Rubio, alcanzaron a magistrados de la Corte y abrieron un nuevo frente de disputa entre Washington y el principal tribunal penal internacional.
Lejos de retroceder, a fines de junio varias magistradas respondieron con una decisión inédita. Presentaron una demanda ante la justicia estadounidense para impugnar las sanciones, que consideran ilegales y contrarias al derecho internacional. La presentación fue firmada por la canadiense Kimberly Prost, la beninesa Reine Alapini-Gansou y la ugandesa Solomy Balungi Bossa. En efecto, así de contradictoria es esta escena, los integrantes del máximo tribunal penal del mundo deben recurrir a los tribunales nacionales del Estado que las sanciona para intentar preservar su independencia.
Aunque las medidas tienen un alcance formal sobre la institución, su aplicación revela otra dimensión menos visible. Durante una entrevista concedida en Madrid a Europa Press, la jueza ugandesa recordó que la decisión de autorizar la investigación sobre Afganistán había sido adoptada por unanimidad por los cinco integrantes de la Sala de Apelaciones. Sin embargo, las primeras sanciones recayeron únicamente sobre ella y sobre la magistrada peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza.
Para Balungi Bossa, esa selección difícilmente pueda considerarse casual. La jueza se definió como una mujer negra y recordó que su colega peruana también es una mujer racializada del Sur Global. Mientras los magistrados occidentales quedaron inicialmente al margen de las represalias, ellas fueron convertidas en los primeros objetivos de la política de sanciones estadounidense.
La lógica del castigo opera a través de la infraestructura financiera y tecnológica global. Las sanciones administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) producen efectos inmediatos sobre la vida cotidiana de las personas alcanzadas. Buena parte de los servicios que organizan la economía en todo el mundo, como los sistemas de pago, las transferencias internacionales, las grandes plataformas digitales y casi todos los servicios en la nube; dependen directa o indirectamente de empresas sujetas a la legislación estadounidense. En ese contexto, una sanción de la OFAC se propaga por ese entramado y se traduce rápidamente en tarjetas de crédito bloqueadas, cuentas bancarias congeladas y restricciones para acceder a servicios digitales o realizar operaciones financieras. Es un aislamiento económico y tecnológico que excede ampliamente el plano judicial.
En el caso de Oficina de Control de Activos Extranjeros, las consecuencias adquieren además una dimensión profundamente humana. En sus declaraciones explicó que las restricciones le impiden realizar transferencias para afrontar gastos cotidianos y sostener económicamente a su familia en Uganda. En muchos países africanos, donde las redes familiares cumplen un papel central frente a la debilidad de los sistemas públicos de protección social, ese tipo de sanciones no afectan únicamente a quien figura en la lista, sino también a todo su entorno.
El episodio expone hasta qué punto la autonomía de la justicia internacional depende de un entramado económico y tecnológico que continúa concentrado en un reducido grupo de actores estatales y corporativos. Si un Estado puede limitar el funcionamiento cotidiano de jueces de la Corte Penal Internacional mediante sanciones unilaterales sin que el resto de los Estados parte del Estatuto de Roma pueda ofrecer una protección efectiva, la promesa de una justicia verdaderamente universal queda sometida a la realpolitik de la arquitectura global. El derecho internacional está desnudo.