El gobierno de Javier Milei profundiza la tensión con el sector gasífero al mantener pisados los pagos del Plan Gas mientras el invierno eleva la demanda. A través de Enarsa, el Ministerio de Economía acumula una deuda de USD 260 millones con las productoras (que llegaría a USD 500 millones en agosto) para sostener la meta fiscal, en un contexto donde los subsidios energéticos se dispararon 71% en junio por el aumento internacional del petróleo y el congelamiento de tarifas con fines electorales. Las cámaras del sector ya advirtieron que los atrasos ponen en riesgo las inversiones en Vaca Muerta y la previsibilidad del programa.
En paralelo, Metrogas aprobó el reparto de $60.000 millones en dividendos por primera vez en 25 años, pese a mantener una deuda de $67.557 millones con Enarsa por gas suministrado entre 2019 y 2023. La decisión, que se da mientras YPF avanza en la venta de su participación en la distribuidora, generó críticas en el sector regulatorio por considerar inconsistente repartir utilidades sin saldar compromisos con el Estado, en un contexto donde el gobierno busca desregular el mercado y reemplazar el Plan Gas por contratos directos.
La transición hacia ese nuevo esquema ya mostró sus costos este invierno: el precio del gas para industrias saltó de 4-5 dólares a 23-26 dólares por millón de BTU, y más de 500 fábricas prefirieron parar su producción ante la inviabilidad de esos costos. El gobierno camina así sobre una cuerda floja: patea pagos a las productoras y congelar tarifas para sostener el superávit y el apoyo electoral, pero al mismo tiempo genera incertidumbre, desconfianza inversora y un caos en el abastecimiento que pone en riesgo la competitividad industrial.