Una denuncia por presunta estafa inmobiliaria involucra a la empresa familiar de una diputada libertaria. Tres departamentos que nunca se escrituraron. Un empresario denunció irregularidades en una operación inmobiliaria con el grupo Razzini. La Justicia lo admitió como querellante y la defensa rechaza las acusaciones.
La empresa de la familia de la diputada nacional por La Libertad Avanza Verónica Razzini enfrenta una denuncia por presunta estafa inmobiliaria y el denunciante, Osvaldo Alberto Darragona, fue admitido como querellante en la causa por el juez Juan Ignacio Gasparini. La novedad judicial fue dada a conocer por el periodista Patricio Dobal en el portal especializado Punto Biz.
La legisladora por Santa Fe no está involucrada actualmente en la empresa familiar, hoy en concurso de acreedores, pero sí participó en una de las audiencias que se realizaron en la causa, aún sin imputaciones.
La denuncia se originó en una operación de compraventa de seis departamentos acordada por Darragona con Nelson Razzini, integrante del grupo empresario familiar. La causa está a cargo del fiscal Gastón Dalmau.
De las seis unidades inmobiliarias comprometidas, tres fueron escrituradas y otras tres quedaron pendientes de transferencia, en el contexto de la entrada del holding Razzini en concurso de acreedores.
La querella sostiene que existió una maniobra deliberada para obtener dinero por propiedades que los vendedores sabían que no estaban en condiciones de transferir.
El abogado defensor de la familia, Pablo Salvatori, rechazó la acusación y sostuvo que se trata de un incumplimiento contractual derivado de las dificultades financieras del grupo.
Según la defensa, los inmuebles pertenecían a terceros que mantenían relaciones comerciales con el holding y que se negaron a escriturar porque las empresas de la familia tenían deudas pendientes con ellos. También afirmó que el comprador conocía la situación jurídica de los inmuebles al momento de firmar el contrato.
La decisión de Gasparini permite al denunciante intervenir activamente en la investigación, que comenzó en 2025. La admisión de la querella no implica un pronunciamiento judicial sobre la existencia del delito denunciado.