Los vecinos se plantan ante la especulación. En Chapadmalal se rifan las playas. Organizaciones vecinales denuncian que el Gobierno local licita cientos de hectáreas frente a la costa para emprendimientos inmobiliarios.
Vecinos de Chapadmalal, una localidad del partido de General Pueyrredón a unos 30 kilómetros al sur de Mar del Plata, denuncian que el gobierno local, a cargo de Guillermo Montenegro, está rifando las últimas playas públicas de la zona para dárselas a empresas privadas.
Según indican, el Gobierno del PRO está licitando, de espaldas a la ciudadanía, cientos de hectáreas para que, con cambios urbanísticos hechos a medida, las empresas puedan edificar frente a la costa.
“Hablamos de dos gestiones del intendente Guillermo Montenegro, donde obtuvo una mayoría automática y se hicieron exenciones urbanísticas. Y esto permite construir torres de 45 pisos donde no se permite”, afirmó Kanki Alonso, activista socioambiental y referenta vecinal de Chapadmalal.
“También apuntaron a una renta extraordinaria para el armando edificaciones en la primera línea de médanos. Y ofertaron las últimas tres playas públicas que quedaban en Chapadmalal”, continuó Alonso, en diálogo con Radio 750. En concreto, se trata de Playa Dorada, Playa Redonda y Playa Santa Isabel.
“Son 30 hectáreas que contienen piezas únicas en el mundo. Alojan un registro fósil de fauna extinta. Y es objeto de estudio de investigadores de todo el mundo”, sostuvo.
“La comunidad está muy organizada. Se organiza en asambleas ciudadanas. Y vamos tratando de canalizar los reclamos. Porque del otro lado hay sociedades anónimas que consiguen sentarse a puertas cerradas con quienes toman las decisiones políticas”, continuó.
“El negocio es usar el Estado para beneficiar a un grupo de desarrolladores. Y en este caso involucra a un barrio privado. Se denomina ‘Pueblo Chapa’ y buscan ocupar 106 hectáreas. Y proliferan los barrios cerrados en un modelo de ciudad discriminatorio”, lamentó.
El proceso de adjudicación de las playas, denuncian, tiene irregularidades legales y protocolares, ya que fue dado sin una consulta pública correspondiente y sin contar con el Informe de Impacto Ambiental (EIA).