El caso de Fate no es un caso aislado sino una tendencia. La política industrial del gobierno de Javier Milei está empujando a la manufactura a un proceso de contracción que el propio sector reconoce como una tendencia.
La política industrial del gobierno de Javier Milei está empujando a la manufactura a un proceso de contracción que en el propio sector ya describen como un “industricidio”. La combinación de apertura importadora acelerada, tasas de interés elevadas y desplome del mercado interno configura un escenario donde producir en la Argentina resulta cada vez menos viable para amplios segmentos fabriles. El cierre de la planta de Fate, con 920 despidos, es el caso más resonante, pero lejos está de ser el único.
Los datos oficiales muestran que el deterioro no es una percepción empresaria sino un fenómeno estadístico. En diciembre, la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 53,8 por ciento, por debajo del 56,7 por ciento registrado un año antes. Es decir, casi la mitad del aparato productivo permanece ocioso. En sectores clave, el cuadro es todavía más crítico: la industria automotriz operó al 31,2 por ciento de su capacidad, los productos textiles al 35,2 por ciento y los productos de caucho y plástico al 33,4 por ciento. Son ramas intensivas en empleo, con fuerte anclaje en el mercado interno.
En debacle
El Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero también reflejó retrocesos interanuales en varias divisiones. Textiles, automotores, metalmecánica y caucho y plástico registraron caídas de dos dígitos. En neumáticos, la producción se desplomó más de 50 por ciento en la comparación interanual de diciembre, un dato que dialoga directamente con la decisión de Fate de reducir drásticamente su actividad local. En paralelo, las importaciones del sector crecieron con fuerza, profundizando la presión competitiva sobre las plantas radicadas en el país.
El patrón no es casual. Responde a una definición política explícita del gobierno de Javier Milei. “El proteccionismo es una medida zonza y que perjudica a los que menos tienen. Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo”, había afirmado el ministro de economía Luis Caputo. Bajo esa premisa, la política industrial fue descartada como herramienta de desarrollo. “La mejor política industrial es la que no existe”, repiten en el entorno oficial, sintetizando una visión que reduce el rol del Estado a garantizar equilibrio fiscal y estabilidad monetaria.
En la práctica, esa definición implicó el cierre de la Secretaría Pyme dentro del Ministerio de Economía y el desmantelamiento de programas de crédito productivo y asistencia técnica. Las pequeñas y medianas empresas quedaron así expuestas a un escenario de recesión sin instrumentos contracíclicos que amortigüen la caída de ventas. La retracción del consumo masivo, producto de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y del ajuste fiscal, terminó de completar el cuadro.
El caso Fate se inscribe en ese marco más amplio. La empresa justificó su decisión en la caída del consumo y en la mayor competencia de productos importados. Pero la lista de compañías que redujeron o cerraron operaciones incluye a Whirlpool, que dejó de producir lavarropas en su planta de Pilar y pasó a un esquema basado en importaciones; a Kimberly-Clark, que cerró su establecimiento en el mismo distrito; a Grupo Dass, que recortó personal en Misiones; y a varias firmas textiles y alimenticias que se declararon en quiebra o concurso preventivo.
En el sector alimenticio, incluso divisiones tradicionalmente sólidas mostraron señales de debilidad. La producción de carne vacuna cayó más de 7 por ciento interanual en diciembre y la molienda de oleaginosas retrocedió cerca de 11 por ciento. Aunque la refinación de petróleo y algunas ramas básicas exhibieron mejores niveles de utilización de capacidad, con guarismos superiores al promedio general, el grueso de las actividades vinculadas al consumo interno quedó por debajo del 50 por ciento de uso de su potencial productivo.
La Unión Industrial Argentina estimó que en los últimos dos años se perdieron 65.000 puestos de trabajo industriales. Cada cierre o reducción de planta implica no sólo despidos directos sino también el deterioro de cadenas de proveedores, servicios logísticos y economías regionales. La caída de la metalmecánica excluida la industria automotriz, que opera por debajo del 40 por ciento de su capacidad, es ilustrativa del impacto en bienes de capital y maquinaria.
En ese contexto, la Unión Industrial Argentina expresó su “gran preocupación” por el cierre de la planta de Fate y advirtió que la pérdida de empleo industrial se está convirtiendo en un fenómeno estructural. Desde la entidad señalaron que el caso no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de un escenario marcado por la caída del mercado interno, el aumento de las importaciones y la falta de instrumentos de financiamiento productivo. La central fabril remarcó que la industria es uno de los principales generadores de empleo formal y alertó sobre el impacto social que implica la continuidad de estos cierres.
Desde el Gobierno se argumenta que la apertura comercial reduce precios y beneficia a los consumidores. Sin embargo, la baja puntual de algunos bienes importados convive con la contracción del empleo formal y con una creciente dependencia de productos terminados del exterior. El resultado es un entramado productivo más delgado, con menor densidad industrial y menor capacidad de generar valor agregado local.