Diputados buscarán blindar la venta de tierras en la provincia de Buenos Aires. Buscarán unificar y tratar en la próxima sesión textos del kirchnerismo y el massismo que regulan la extranjerización en territorio bonaerense.
A partir del fallo de la la Corte Suprema de Justicia, que repuso el artículo 154 del DNU 70/2023 que dejó habilitada la liberación del mercado de tierras y su extranjerización, diputados de la provincia de Buenos Aires buscarán acelerar el tratamiento de un proyecto que pone un freno al acceso a tierras bonaerenses por parte de extranjeros.
En la cámara baja provincial hay dos proyectos en ese sentido que buscarán unificar en un solo texto para poder avanzar en las comisiones y llegar a la próxima sesión, prevista para el 20 de octubre, y darle sanción. Uno de ellos está firmado por el presidente de bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, además de Noelia Saavedra y Cintia Romero; el otro lleva las firmas de los massistas Sofía Vannelli, Ruben Eslaiman y el vicepresidente 1° del cuerpo, Alexis Guerrera.
“Dejo la inquietud de poder darle velocidad al tratamiento de los proyectos que hay de extranjerización de la tierra bonaerense. Pido que se traten en las comisiones porque era una amenaza que no estaba hasta hoy y ahora está. Nos llenamos la boca hablando de Malvinas, pero con esto queda claro que (a Milei) no le interesa un carajo los intereses de la Patria”, señaló Tignanelli en el marco de la sesión ordinaria que se llevó adelante este martes.
En su intervención, cuestionó que la Corte Suprema, “integrada por tres personas que no votó nadie nunca, hicieron caer la cautelar del CECIM para frenar la extranjerización de la tierra y plantean que los veteranos de Malvinas no tienen legitimidad para poder defender la soberanía”.
“Quiero que nos preguntemos seriamente desde la política y lugares de representación que cada uno tiene, cuánto más tiene sentido que funcione nuestro país de esta manera. Es indudable que la democracia se encuentra totalmente tomada de rehén por tres tipos que responden a intereses trasnacionales y buscan disciplinar a la dirigencia política, el ejemplo es la situación de Cristina”, agregó.
En la provincia de Buenos Aires, por caso, los municipios con mayor nivel de extranjerización son Zárate, con el 24,8 por ciento de la tierra rural en manos de extranjeros; y Campana, con el 50,2 por ciento de tierra rural extranjerizada.
En qué consisten los proyectos para frenar la venta de tierras en Buenos Aires
El proyecto del kirchnerismo establece un tope del 15 por ciento a la titularidad extranjera de las tierras no solo a nivel provincial, sino también en cada uno de los 135 municipios. A la vez, prevé la creación del Registro Provincial de Tierras Rurales, para “garantizar la transparencia dominial” y la identificación completa de los beneficiarios finales en todas las operaciones inmobiliarias o societarias.
El texto también contempla salvaguardas específicas para las denominadas “zonas de protección territorial estratégica”, entre las que se incluyen cuencas hídricas, humedales, áreas naturales, cinturones hortícolas y territorios de agricultura familiar.
En los argumentos, los autores señalaron que de aprobarse, esta ley servirá para dotar a la provincia de mayores herramientas para administrar sus recursos naturales, proteger el trabajo local, evitar la especulación, cuidar el ambiente y asegurar que la tierra contribuya al desarrollo de los bonaerenses.
En tanto, el proyecto del Frente Renovador establece la regulación sobre los límites a la titularidad y posesión extranjera con un tope del 15 por ciento de las tierras rurales del territorio provincial y municipal, al tiempo que establece un límite por nacionalidad: una misma nacionalidad extranjera no puede superar el 30 por ciento de ese 15 por ciento en tanto que cada titular puede obtener hasta 1.000 hectáreas en zona núcleo o superficie equivalente en otras zonas.
Asimismo, establece la prohibición total en el caso de extranjeros que no pueden ser titulares de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes, ni de inmuebles en zona de seguridad de frontera.
Asimismo, establece la creación del Consejo Provincial Interministerial de Tierras Rurales para aplicar equivalencias, controles y habilitaciones, al tiempo que establece que los actuales propietarios extranjeros tienen 180 días desde la vigencia de la norma para denunciar su situación ante el Registro Provincial de Tierras Rurales.