El Gobierno aterrizó en París con el RIGI bajo el brazo para vender seguridad jurídica y atraer inversores. Casi al mismo tiempo, Comodoro Py abrió un expediente para averiguar cómo se aplicaron esas reglas en uno de los proyectos insignia del oficialismo.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció penalmente a la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, a su antecesor Eduardo Rodríguez Chirillo y al subsecretario de Hidrocarburos, Horacio Federico Veller, por el ingreso al RIGI de Southern Energy cuyo accionariado incluye a la británica Harbour Energy. El contraste es imposible de disimular, mientras en París se ofrece seguridad jurídica, en Buenos Aires la Justicia investiga cómo se otorgaron los beneficios.
La PIA, que no es una ONG ni una empresa competidora, sino el organismo del Ministerio Público Fiscal especializado en investigar hechos de corrupción e irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Nacional abrió una denuncia por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. La causa permanece bajo reserva y en etapa inicial, pero su sola existencia ya sacude la gira oficial por Europa. El eje de la denuncia es la incorporación de Southern Energy al RIGI. El proyecto solicitó su ingreso en noviembre de 2024 y fue aprobado por la Resolución 559/2025 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo el 29 de abril de 2025. Cuatro días antes, la Secretaría de Energía había autorizado la libre exportación de GNL. En ambos trámites, Harbour Energy figuraba expresamente dentro del accionariado del proyecto, con el 15%, junto a Pan American Energy, YPF, Pampa Energía y Golar.
Harbour es la compañía que continuó las actividades de Premier Oil, firma sancionada en 2013 por desarrollar actividades hidrocarburíferas sin autorización en la plataforma continental argentina, en cercanías de las Islas Malvinas. Ese antecedente no impidió que Southern Energy atravesara las ventanillas oficiales. La pregunta que deberá responder la Justicia es si esos antecedentes debieron impedir o condicionar el acceso al régimen, en función de las restricciones de la Ley 26.659, conocida como Ley Solanas.
El recorrido del expediente explica por qué la denuncia alcanza a las dos etapas de conducción de Energía bajo el gobierno de Javier Milei. Rodríguez Chirillo estuvo al frente de la secretaría durante la primera parte de la gestión, Tettamanti conduce el área actualmente. En ambos momentos, Harbour figuraba en el accionariado. La causa no apunta a un error administrativo aislado, sino a una decisión sostenida en el tiempo que benefició a una petrolera con antecedentes de operar en territorio que Argentina considera propio. El Gobierno podrá discutir la interpretación de la Ley Solanas, pero no puede negar que el nombre de Harbour estaba sobre la mesa y que alguien decidió avanzar igual.
El dato político más sensible, sin embargo, no está solo en el expediente sino en lo que ocurrió esta semana en Buenos Aires. Horacio Federico Veller, subsecretario de Hidrocarburos designado formalmente en marzo y uno de los denunciados por la PIA, fue recibido en el ENReGE por tres de sus directores: Griselda Lambertini, Marcelo Nachón y Héctor Falzone. La reunión se hizo a espaldas de Vicente Serra, el vicepresidente que tiene a su cargo la presidencia del organismo. La presidencia del ENReGE está vacante desde la salida de Néstor Marcelo Lamboglia, desde entonces, el ente quedó bajo la conducción de Serra.
La escena es, como mínimo, irregular en sus formas. Un funcionario de la Secretaría de Energía (el área cuyas decisiones el ente debe regular) fue recibido por la mayoría del directorio de un organismo autárquico sin que lo supiera quien ejerce su conducción. Ese funcionario, además, acaba de quedar denunciado penalmente por la PIA. En el sector interpretaron el encuentro como una señal de que Veller busca quedar bien posicionado en la pelea por la presidencia del organismo.
El asunto recién entra en tribunales y falta conocer qué impulso le dará la fiscalía de Pollicita y qué medidas dispondrá Lijo.